Quito, 5 de febrero de 2011.- Aunque la inversión del Gobierno en seguridad en 2010 alcanzó 100 millones de dólares, y se incrementaron nueve veces más los operativos policiales y el combate a la delincuencia, 10 mil personas acusadas de distintos delitos han salido en libertad, debido al abuso de recursos como la caducidad de la prisión preventiva y medidas cautelares sustitutivas, dictadas por parte de los jueces en todo el país.

Esta realidad fue  explicada en el Enlace Ciudadano 207, por el Vicepresidente Lenín Moreno, quien invocó la necesidad de hacer cambios urgentes en la Justicia, con la aprobación del pueblo ecuatoriano por medio de la consulta popular.

De acuerdo a Moreno, la mejor forma de conocer la opinión ciudadana respecto de un tema es “acudir respetuosamente al mecanismo de la consulta popular, porque eso manifiesta confianza en la decisión que tome la ciudadanía”. “No sé porqué se pierde en esa tarea bizantina de ver si es o no constitucional”, señaló.

Las cifras presentadas durante en el Enlace Ciudadano, realizado en esta ocasión en el Antiguo Hospital Militar de Quito, evidenciaron la crisis que vive la Justicia del Ecuador, pues sin una correcta administración de las leyes, serán infructuosos los esfuerzos de la Policía Nacional, reconoció Andrés Borja, Subsecretario de Seguridad Interna.

Al respecto, explicó Borja, la inversión para la Policía Nacional  en 2010 bordeó los 100 millones de dólares con lo que se multiplicaron por 9 los operativos policiales, aumentó en un tercio el número de detenidos por delitos, y un 20% la incautación de droga, desarticulándose, además, el doble de bandas de delincuentes, en relación a 2009.

“Tenemos mejoras en operativos, detenidos, armas decomisadas, en drogas incautadas, en muchos ámbitos de la seguridad y eso es una buena noticia para el gobierno nacional”, acotó.

Pese a este trabajo, señaló, es evidente la urgencia de mantener los planes de fortalecimiento de la Policía Nacional, con dotación de armamento, mejoras de infraestructuras e incentivos para los miembros del orden, por lo cual, en 2011, se tiene previsto incermentar en 40 millones de dólares la inversión en relación al presupuesto del año pasado.

Por otro lado, Javier Córdova, Viceministro de Justicia, explicó que la mala administración de justicia por parte de los jueces, por medio de la sustitución de la prisión preventiva por medidas cautelares, tales como prohibición de salir del país o enjaenación de bienes, permitió que cerca de  6 mil personas acusadas de delitos salieran en libertad, mientras que por la caducidad de la prisión preventiva salieron algo más de 4 mil.

“Son 10 mil personas que desde el año 2007 han salido en libertad por múltiples motivos (…), pese a que los que delitos de los que están acusados son delitos importantes, contra la propiedad, estupefacientes, contra las personas, delitos sexuales”, dijo Córdoba, “sin embargo los actuales jueces sustituyen las medidas de prisión preventiva y los dejan libres”.

El viceministro Córdova aseguró además tener nombres y apellidos de los principales jueces, que entre 2007 y 2010, abusaron de recursos como la caducidad de la prisión preventiva para dejar en libertad a peligrosos delincuentes.

Así, Córdova citó el caso del juez Benito Torres, de la provincia de El Oro, quien, dijo, emitió 1.035 dictámenes de caducidad por prisión preventiva antes de jubilarse, sin tener un examen o una sanción por parte del Consejo Nacional de la Judicatura.

Respecto del accionar de este juez, se pudo conocer, por medio de un video expuesto en el Enlace Ciudadano, el caso de Vicente Cárdenas, padre de un joven asesinado en Machala por un delincuente que obtuvo su libertad gracias a una medida sustitutiva a la prisión preventiva, cuatro días después del delito cometido, que consistió en el robo a un Casino.

“He puesto el caso a las más altas autoridades del gobierno. Lo que quiero es que este dolor que tengo no lo sienta la demás gente”, dijo Cárdenas. “Por eso he venido a este enlace sabatino para decirle al país que los delincuentes nos están ganando la batalla”.

El Segundo Mandatario cerró esta exposición con una consideración final: “Es probable que a lo mejor el objetivo de tener una justicia que aplique correctamente la ley se de en un plazo de 15 o 20 años la pregunta es ¿podemos esperar?”.