Acuerdo Nacional entre instituciones del Estado y sociedad civil permite el acceso a justicia por una vida libre de violencia
Pichincha, 29 de julio del 2019
Quito.- “Creada la Comisión Mixta Nacional, gracias a este acuerdo, podremos actuar ágilmente para garantizar el acceso a la justicia a quienes han sido víctimas de estos hechos deleznables que suceden en el Ecuador, 11 violaciones diarias, 6 de cada 10 mujeres han sufrido alguna forma de violencia”, explicó el segundo mandatario, durante la suscripción del «Acuerdo Nacional 2030 para el acceso a justicia por una vida libre de violencia”, realizada en el Paraninfo de la Universidad Andina Simón Bolívar.
El segundo mandatario se refirió además, a la importancia del trabajo conjunto de las distintas instituciones enfocadas en resolver las dificultades que enfrentan las mujeres, niños, niñas y adolescentes, “los verdaderos problemas del subdesarrollo están basados en nuestro comportamiento, cuando se puedan tener buenos indicadores en ese sentido habremos alcanzado el desarrollo. Cada caso que llega al sistema judicial significa que fallamos como sociedad y como Gobierno. Lo importante es trabajar en la prevención, formando jóvenes y reeducando adultos”, acotó.
"Creada la Comisión Mixta Nacional, gracias a este acuerdo, podremos actuar ágilmente para garantizar el acceso a la justicia a quienes han sido víctimas de estos hechos deleznables que suceden en el Ecuador, 11 violaciones diarias, 6 de cada 10 mujeres han sufrido alguna forma de violencia".
En este evento, Cecilia Chacón, secretaria de Derechos Humanos, destacó que este acuerdo es un hito importante que reafirma el compromiso “por promover una política pública integral de atención que articule a las diferentes funciones del Estado. Es la oportunidad para trabajar con una justicia especializada y prever una reparación integral, dándole a la sociedad civil el rol fundamental para la prevención, protección y erradicación de violencias de género”, indicó.
La fiscal General, Diana Salazar, recalcó que el objetivo de fortalecer el acceso a la justicia, “se convierte en una línea de gestión que impulsa a sumar esfuerzos y disminuir la brecha entre Estado y ciudadanía, a su vez, esto conlleva a que el Ecuador asuma el deber de garantizar un servicio judicial imparcial que cumpla con los estándares internaciones de Derechos Humanos y mantenga sobre todo un enfoque de género”, señaló.
Por su parte, Miriam Ernst, representante de la sociedad civil, comentó que las principales problemáticas encontradas en los diálogos realizados en más de 16 territorios y que constituyen una base para formular este acuerdo, son “la falta de especialización, la discriminación y brechas entre lo urbano y lo rural, inadecuada tutela judicial efectiva y la no revictimización, estos puntos son fundamentales para generar una nueva justicia”.
La suscripción de este acuerdo, que permite la creación de la Comisión Mixta Nacional de Acceso a la Justicia, subcomisiones técnicas, justicia especializada, reformas legales, etc., se realizó entre la Corte Nacional de Justicia, el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía General del Estado, la Defensoría Pública, el Ministerio de Inclusión Económica y Social y la Secretaría de Derechos Humanos. Se construyó con la participación y el compromiso de alrededor de 3.100 líderes y lideresas sociales, 160 Gobiernos Autónomos y 8 asambleístas.