Quito, 9 de junio de 2011.- La parlamentaria Olga Ferreira, quien lidera el Frente Legislativo por la Discapacidad de Paraguay, reconoció que el modelo ecuatoriano de atención en discapacidad que lleva adelante “Ecuador Sin Barreras” por intermedio de la Misión “Manuela Espejo”, permitiría construir una verdadera política social que atienda a este colectivo en su país, estimado en 1´015.680 personas.

Conforme explicó la legisladora, en Paraguay no se ha realizado un censo o un estudio para determinar la cantidad de personas con diferentes discapacidades, y por el contrario el Estado “está en deuda con estas personas”.

“En mi país no existe un estudio por discapacidades, inclusive estamos incursionando por primera vez en áreas de la discapacidad como el autismo, que nunca había sido atendido”, mencionó.

Pese a no existir estadísticas fiables, el porcentaje de personas con discapacidad alcanzaría en Paraguay el 16% de la población, que de acuerdo al último censo (2009), está estimada en 6´348.000 habitantes.

Los motivos para este significativo número de personas con discapacidad en relación a la población, a decir de la legisladora, se deben, en parte, “al elevado  número accidentes de trabajo y de tránsito, así como a la poca prevención”.

En Paraguay, el ente estatal, rector de las políticas de discapacidad es el Instituto de Protección a Personas Excepcionales (INPRO), el cual cuenta con un presupuesto que bordea los 35 mil millones de guaraníes (cerca de 8 millones de dólares), con acciones limitadas como entrega ayudas técnicas, gestión de atención prioritaria en el sistema de salud pública o transporte gratuito.

Sin embargo, para consolidar verdaderas acciones en pro de esta población vulnerable, la diputada Ferreira lidera al momento la conformación del Frente Parlamentario por la Discapacidad, al cual se han sumado unos 50 legisladores. En este sentido, la Misión “Manuela Espejo”, y la política ecuatoriana en discapacidad a la que calificó como un “verdadero logro para el continente” se convierten en una propuesta sólida para implementar políticas públicas.

“La Misión Manuela Espejo es mucho más de lo que esperaba, realmente. Es mucho más de lo que había leído en cuanto a la entrega y el monitoreo”, dijo Ferreira.  “Fue realmente muy emocionante y creo que llevando esto a Paraguay se puede erradicar mucho el sufrimiento de las familias que en el tema de discapacidad hoy se encuentran abandonadas”, agregó.

En materia de inclusión laboral, existe una Ley de Discapacidades que obliga a todas las instituciones públicas y en las entidades en donde el Estado es socio mayoritario a incluir personas con discapacidad calificadas por el INPRO, en un porcentaje no menor al cinco por ciento de las nóminas; sin embargo, no hay obligatoriedad de cumplir con esta contratación en el sector privado.

La inversión en discapacidad en Ecuador alcanza los 65 millones de dólares y toca varias esferas como la atención, prevención e inclusión, por medio de la Vicepresidencia de la República. Además, el Código Laboral establece la obligatoriedad a las empresas con 25 empleados o más, de integrar en sus nóminas al menos el 4% de personas con discapacidad.

La legisladora Olga Ferreira lidera la comisión que está de paso por Ecuador desde el pasado lunes, y que está integrada además por la diputada Blanca Duarte del Congreso paraguayo y la senadora Mirta Palacios, del PARLASUR, con el fin de reunirse con el Vicepresidente Lenín Moreno y observar de cerca el trabajo de la Misión “Manuela Espejo”.

Tras su visita al Ecuador, las legisladoras plantearán al presidente de Paraguay, Fernando Lugo, una reunión con el Segundo Mandatario, con el fin de concretar el apoyo de Ecuador en materia de  discapacidad.