La vicepresidenta de la República, María José Pinto, encabezó una reunión de alto nivel con el representante de Unicef en Ecuador, que contó además con la participación del ministro del Interior y el ministro de Inclusión Económica y Social, en su calidad de miembros del Comité para la Prevención y Erradicación del Reclutamiento, Uso y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes por parte de grupos de delincuencia organizada y terroristas.

El encuentro tuvo como propósito fortalecer las capacidades técnicas del comité —creado por Decreto Ejecutivo N.º 21 y declarado de prioridad nacional por el presidente Daniel Noboa — a través del respaldo de Unicef, agencia especializada de las Naciones Unidas. La vicepresidenta de la República propuso que Unicef asesore en los procesos técnicos y de articulación institucional para enfrentar esta grave problemática.

Durante la sesión, Unicef presentó datos levantados en comunidades donde se han identificado casos de reclutamiento de menores, resaltando factores de riesgo como la pobreza extrema, la falta de acceso a educación, actividades extracurriculares, oportunidades laborales y la ubicación territorial de las familias afectadas.

Por su parte, el Ministerio del Interior, ente que lidera el comité, expuso los lineamientos de una política pública centrada en la prevención, la protección de derechos, la promoción de oportunidades y la persecución penal de quienes se benefician de estas prácticas, consideradas una grave violación a los derechos humanos.

La vicepresidenta Pinto destacó que el reclutamiento forzado o inducido de NNA es una problemática compleja que exige respuestas integrales y urgentes desde los gabinetes de seguridad y social. “Es importante entender a qué nos enfrentamos. Antes de generar la primera reunión del Comité, estoy consciente de que no podemos atacarlo únicamente desde el ámbito de seguridad, sino desde el ámbito social”, señaló.

DATOS PARA EL CONTEXTO

• En Ecuador, 8 de cada 10 homicidios intencionales de niños, niñas y adolescentes ocurren en cinco provincias: Guayas, Manabí, Esmeraldas, Los Ríos y Guayaquil.
• Las detenciones de adolescentes de entre 12 y 17 años se incrementaron en un 20% entre 2021 y 2023.
• 9 de cada 10 menores detenidos son hombres, y el involucramiento en redes delictivas crece, especialmente en la región litoral.

La estrategia nacional se basa en principios como el interés superior del niño, la justicia y reparación y el reconocimiento de la diversidad cultural y territorial del país.

Desde la Vicepresidencia se ratifica el compromiso del Gobierno Nacional de impulsar con alto sentido de urgencia las acciones articuladas que garanticen los derechos de la niñez y adolescencia, y que erradiquen toda forma de violencia que atente contra su presente y su futuro.